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martes, 30 de marzo de 2010

SUBTERRANEOS Y TRENES VOLADORES

Por: Luis Iberco (*)

La otra gran preocupación de los limeños, además la inseguridad, es el transporte público. Dos personas acaban de morir absurdamente, en la avenida Salaverry, atropelladas por una coaster que corría compitiendo por otra para capturar pasajeros. Ochocientas personas fallecen en Lima cada año, debido a los accidentes de tránsito ocasionados, en mayor medida, por vehículos de transporte público. Cincuenta resultan heridas cada día, por la misma causa. El asunto es muy serio.

Frente al caótico transporte público, elemento detonador del caos generalizado del transporte urbano en general, se plantean alternativas que van desde los trenes voladores hasta los metros subterráneos. Todas son buenas y factibles, pero hay que considerar dos problemas: el tiempo y los costos. ¿Y mientras tanto?
El sufrido pasajero no está en condiciones de esperar obras faraónicas que suelen demorar entre 20 y 40 años en ejecutarse (si hay presupuesto). Un “tren bala” o un “subte” son necesarios, pero si no se sale de la era combi en lo inmediato, cualquier infraestructura terminará por congestionar y enredar más el caos existente, como viene ocurriendo con el Metropolitano.

Además, en las grandes ciudades, las obras de transporte rápido masivo tipo tren subterráneo, complementan al transporte en ómnibus que, generalmente, movilizan a la mayor parte de la población.

Es necesario, en el corto plazo, una transformación de la realidad anárquica e informal del transporte público, reconvirtiéndolo en un sistema moderno, eficiente, seguro, rápido y no contaminante al servicio del pasajero y de la ciudad.

En Lima no hay exceso de vehículos. Hay desorden. Y éste empieza por la proliferación de combis y microbuses que pelean por los pasajeros dentro de la fatal “guerra del centavo”. A ello se une la existencia de casi 500 rutas diseñadas según los intereses de los transportistas, y no en función a la necesidad de los viajantes.

Hoy se desplazan por la ciudad más de 25, 800 unidades de transporte público, en su gran mayoría, combis y coasters. Para ofrecer el mismo servicio, bastarían 8,750 ómnibus convencionales (de 100 pasajeros), es decir, la tercera parte de lo que tenemos. En Santiago de Chile, se logró reducir de 24 mil a 8 mil las unidades existentes.

De manera progresiva, pero con más prisa que pausa, se debe empezar a licitar las nuevas rutas que la ciudad necesita (202 según el plan maestro), empezando por las más céntricas y avanzando hacia las periféricas. Y establecer el vehículo “padrón”, un ómnibus de gran capacidad, seguro y no contaminante, como único tipo de vehículo autorizado para las nuevas vías.

Para ello, la autoridad metropolitana debe actuar con decisión, sin dejar de buscar concertar con los transportistas (pero bajo la premisa de que la “era combi se acaba”, sí o sí), para la constitución de empresas formales.

Los transportistas que apuesten por el cambio, se beneficiarán con la venta de sus unidades viejas a la municipalidad (chatarreo), la concesión de licencias por más de 10 años y la apertura de líneas de crédito que organismos financieros internacionales ofrecen a interés “cero” cuando una ciudad cambia sus vehículos contaminantes por unidades de combustibles “limpios”.

Como están las cosas actualmente, pierde el pasajero, la ciudad y también el transportista. La salida es una reconversión, donde todos resulten beneficiados. Y a la vez que se reordena el transporte público, podemos empezar a hablar de subterráneos o trenes voladores. Mientras tanto, obras como el Metropolitano (que va a atender menos del 8% de la demanda diaria) resultan seguramente vistosas y le alegran el día a las grandes empresas constructoras, pero terminan por desplazar el caos sin solucionarlo, trasladando los embotellamientos de un espacio a otro, e incluso agravándolo.

Salgamos urgentemente, pues, de la era combi. La decisión política es lo que cuenta.

(*) Ex Congresista de la República y actual responsable Alianza Para el Progreso en Lima

viernes, 26 de marzo de 2010

El Consenso de la Corrupción

La corrupción es un mal ético, moral, pero también político y económico, que paulatinamente afecta la vida democrática de un país y se constituye en un peligroso enemigo del sistema socioeconómico, perjudicando necesariamente a los más pobres. Afecta también la esencia de la democracia, porque los ciudadanos pierden la confianza en los políticos, en los poderes del Estado y en sus instituciones. La honestidad, la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia forman parte del hacer político y de la función pública, pero lamentablemente podemos ver que en nuestro país sucede precisamente lo contrario.

La diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo no está solo en las cifras macroeconómicas. Mucho más importante esd que está en el ejercicio de la ciudadanía y en la actitud de ésta. El peso de la opinión pública y la participación ciudadana debería ser el que resguarde y exija procesos de transparencia en todos los sectores y niveles; en países como Dinamarca, Suiza o Finlandia existen los mecanismos legales, sociales, políticos y morales de sanción a los corruptos y a las instituciones que lo permiten, por eso mejoran procesos, procedimientos y controles para evitar todo caso de corrupción, mientras que aquí podemos constatar una red liderada por los poderes del Estado especializada en la protección de los corruptos.

El control de los organismos del Estado es algo que Alan García y su cúpula conocen muy bien desde su primer gobierno. Hoy demuestran incompetencia para gobernar, pero amplia experiencia y capacidad para delinquir. El consenso de la corrupción lo vemos en un Congreso complaciente e incapaz de fiscalizar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y hasta la Contraloría. Recordemos los 'Petroaudios', recordemos la promesa de Fortunato Canaán para apoyar la candidatura de Jorge del Castillo, el escándalo de Crousillat o las compras en el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Salud, el manejo de los fondos en la reconstrucción de Ica, el Caso Collique, el del Banco de Materiales o peor aún, cómo borramos de la memoria colectiva el caso de la minera Majaz o el 'Moqueguazo' o el 'Baguazo'.

El pudrimiento de las conciencias y las mafias con poder y dinero conllevan a tener un país fragmentado por la exclusión y la pobreza; más de 200 conflictos sociales en todo el país, buscando justicia y la presencia del Estado en regiones olvidadas por este y otros gobiernos; crecimiento económico sin políticas redistributivas eficientes. Por ello, Padioleau y Meny insisten en que lo determinante en la corrupción no son el intercambio de favores o los millones de dólares que circulan, sino la estructura relacional, los vínculos de poder y dependencia que genera la corrupción como lazo y red social y, lo más grave, los valores y comportamientos que impone la corrupción como conducta dominante. Qué ejemplos recoge nuestra niñez y juventud; qué mensaje para la gente empobrecida que lucha por el día a día; qué rescatamos cuando vemos tanta delincuencia en la calle y cárceles saturadas.

Por eso, más que denunciar los casos concretos de corrupción, se tiene que atacar la corrupción sistémica, invertir en educación de calidad con equidad, generar procesos participativos de vigilancia ciudadana en todos los niveles. Lamentablemente esta tarea se torna casi imposible con los niveles de copamiento aprista en todos los poderes del Estado. De allí que siguen vigentes las expresiones de Andrés Townsend cuando decía: “¡Basta ya de mentiras y falsificaciones, pues es indigno engañar a un pueblo y a un partido que, a lo largo de su vida, ha dado muestras de heroísmo y lealtad. Haya de la Torre dijo: No hay pueblos ni masas malos. Sólo hay dirigentes buenos o malos. Y quienes manejan arbitrariamente este partido, han acreditado irresponsabilidad y un desenfreno incontenible por el enriquecimiento ilícito. Un partido que predicó la moral, está dominado por corruptos e inmorales. Si su Jefe, que tanto gravita en la vida política del país, que hubo de morir en casa fraterna pero ajena, volviera a la vida, podría ver con repugnancia cómo los supuestos líderes que subieron al poder solo buscaban, por todos los medios, cuantiosas fuentes de desvergonzado enriquecimiento”.

Alan García, Jorge del Castillo y todo el liderazgo actual del APRA carecen de absoluta autoridad moral y política para representar a los ciudadanos peruanos. Por ello, lejos del juramento para recuperar Trujillo, debieron hacerlo por el gran cambio ético y moral que requieren para intentar ganar: primero, la confianza de sus bases, a las cuales se deben; y luego la de Trujillo. Lamentablemente eso no se consigue en un año ni en dos.
Gloria Montenegro
Secretaria Ejecutiva Nacional